Sánchez pierde 2 diputados en Madrid tras el acoso fiscal a la pareja de Ayuso, que mantiene la mayoría

La campaña dirigida por el Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la inspección fiscal a su pareja no pasa factura a la dirigente del PP pero sí se vuelve en contra del PSOE. De celebrarse hoy unas nuevas elecciones en la región, Ayuso retendría la mayoría absoluta, con 69 escaños, y podría seguir gobernando en solitario, según la encuesta de Data 10 para OKDIARIO. Por el contrario, el PSOE pierde dos diputados (25) y se queda rozando su peor resultado histórico en unos comicios madrileños (24). Los socialistas son incapaces de remontar sus expectativas electorales en Madrid y de recuperar el liderazgo de la oposición, quedando otra vez relegados a la tercera posición por detrás de Más Madrid, que sí mejora su representación en tres escaños (30). Vox (11) no registra variaciones y Podemos, con cero diputados, sigue sin entrar en la Asamblea.

La principal conclusión de la encuesta, realizada en base a 1.500 entrevistas entre los días 27 y 29 de marzo, es que Ayuso se ve incluso reforzada por la maniobra de Moncloa contra ella pues, pese a bajar un diputado, en realidad gana 43.070 papeletas con respecto a las elecciones del pasado mayo. La dirigente popular retiene así una imbatible mayoría absoluta, con el 47,3% del voto, y supera ampliamente a toda la izquierda. El PSOE y Más Madrid juntos apenas suman 55 diputados, 14 menos que el PP.

Con este resultado, la presidenta de la Comunidad de Madrid recibe el aval del electorado frente a la ofensiva de la izquierda y, de celebrarse ahora los comicios, sería apoyada por 1.642.256 madrileños, frente a los 611.072 del PSOE.

Ayuso sale así indemne de las filtraciones a medios de comunicación sobre las investigaciones de Hacienda contra su pareja, que la presidenta madrileña ha calificado de «estrategia chavista». La inspección se conoció en pleno escándalo sobre el denominado caso Koldo -que implica a los ministerios de Transportes e Interior y a los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias en una trama de cobro de mordidas por los contratos de la pandemia- y de las informaciones sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El empresario Alberto González Amador ha sido imputado por dos presuntos delitos fiscales -defraudación tributaria y falsedad en documento mercantil- y la Fiscalía le acusa de un fraude -a través de una supuesta trama de facturas falsas- que ascendería a 350.951 euros.

Campaña contra Ayuso

El caso, no obstante, ha desatado una gran tormenta política por la filtración desde el Gobierno de los datos fiscales de un ciudadano y ha desatado un conflicto institucional entre la Fiscalía General del Estado y el Colegio de la Abogacía de Madrid, después de que la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid -por orden del fiscal general Álvaro García Ortiz- remitiese a los medios de comunicación una nota en la que se informaba de la negociación con el abogado de la pareja de Ayuso.

Esta circunstancia ha motivado la presentación de una denuncia por parte de los abogados madrileños, que recuerdan que la infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos son delitos tipificados en el artículo 417 del Código Penal con penas de multa de hasta 18 meses e inhabilitación de hasta tres años para las autoridades o funcionarios que revelen secretos o informaciones «de los que tengan conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados». El principal colegio de abogados defiende que «el derecho a la defensa es sagrado» y una «pieza básica del Estado de Derecho» y que la Fiscalía ha vulnerado el «derecho a la confidencialidad» arriesgando su «neutralidad».

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a comentar la información sobre el novio de Ayuso, en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, cuatro horas antes de haberse publicado.

Cabe recordar que la intermediación comercial de González Amador se produjo en una operación entre dos empresas privadas. La suma recibida por el novio de Ayuso correspondía al acuerdo cerrado entre éste y la empresa FCS Select Products, en la que se pactó que recibiría un porcentaje de un 4,5% de todas las ventas que gestionase. El trabajo de González Amador era conectar a la empresa que vendía el material sanitario con otra, también privada, que quisiera comprar mascarillas o guantes. En esa compraventa no estuvo involucrado ningún organismo público.

Se da además la circunstancia de que esa misma empresa, FCS Select Products, fue uno de los mayores proveedores de material sanitario del Ministerio de Sanidad. Como publicó este periódico, llegó a firmar cuatro contratos con el departamento de Salvador Illa, por 217 millones de euros pagados por adelantado, a pesar de que no se comprobó su solvencia y de que la empresa acabaría entregando 50 millones de mascarillas inservibles, de las que sólo fueron repuestas la mitad.

Sánchez, mientras, ha intentado convertir el caso en una ofensiva contra Ayuso y ha reclamado con insistencia la dimisión de la presidenta madrileña, mientras obvia la trama de las mascarillas que implica a su Gobierno.